Los países de América Latina y el Caribe renovaron hoy su compromiso con la solidaridad, la protección y la búsqueda de soluciones integrales, inclusivas y sostenibles para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en la región, al adoptar la Declaración y Plan de Acción de Chile. Este documento marca la culminación de las celebraciones por el 40º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, uno de los marcos estratégicos regionales más relevantes en materia de protección y soluciones. 

La Declaración y Plan de Acción de Chile orientarán a los gobiernos durante la próxima década a través de respuestas comunes a los desafíos de las poblaciones refugiadas, desplazadas y apátridas, considerando la magnitud y complejidad del desplazamiento forzado en la región y las realidades de los países de origen, tránsito, destino y retorno. 

Para el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, “el proceso que culmina traza el camino para la próxima década, integrando aproximaciones innovadoras a los retos actuales. Aunque los Estados tienen la responsabilidad principal de ofrecer protección y soluciones, necesitamos realizar esfuerzos coordinados entre los múltiples actores. Hoy, al adoptar la Declaración y el Plan de Acción de Chile, reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar los desafíos actuales y proyectarnos hacia el futuro, manteniendo la tradición del Proceso de Cartagena de buscar soluciones innovadoras y estratégicas para la protección y asistencia de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en nuestra región”.

El documento propone un enfoque integral para contextos de desplazamiento causado por desastres naturales; impulsa el empleo formal mediante redes regionales de empresas solidarias, y promueve el uso de tecnología avanzada como la digitalización de sistemas de asilo y el uso de registros biométricos para agilizar los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. 

Las recomendaciones de acciones concretas son el resultado de consultas participativas realizadas a lo largo de 2024 con gobiernos, organizaciones lideradas por personas refugiadas y desplazadas, autoridades locales, sociedad civil, organismos nacionales de promoción y protección de derechos humanos, academia, organismos internacionales, sector privado y actores de desarrollo y finanzas internacionales, en el marco del Proceso Cartagena +40. Estas consultas abordaron tres temas clave: la protección de personas en contextos de movilidad humana, la inclusión e integración mediante soluciones sostenibles y la protección en contextos de desastres.

“El proceso de Cartagena resalta el trabajo humanitario y apolítico que realizamos. Estoy convencido de que muchos de los desafíos que han surgido en la región en lo que se refiere a las personas refugiadas, desplazadas, y apátridas, sólo pueden ser encarados teniendo en consideración la necesaria coordinación entre los sistemas globales, regionales y los esfuerzos nacionales. Este es el espíritu de Cartagena que sigue tan vigente hoy, como hace 40 años,” dijo Filippo Grandi, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

La Declaración y el Plan de Acción de Chile llegan en un momento desafiante para América Latina y el Caribe, los que enfrentan niveles sin precedentes de desplazamiento forzado, impulsados por causas como la persecución, la violencia, la inseguridad, la desigualdad y falta de oportunidades socioeconómicas, agravadas por el cambio climático y los desastres naturales. 

Al mismo tiempo, los Estados y las comunidades de acogida han demostrado solidaridad y han logrado avances significativos en la protección, búsqueda e implementación de soluciones. Estas acciones serán fortalecidas mediante las distintas acciones concretas propuestas en el documento. 

En línea con el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018, la Declaración y Plan de Acción de Chile involucran a múltiples sectores de la sociedad bajo un enfoque integral en todas las fases del desplazamiento, con una perspectiva de derechos humanos basada en la responsabilidad compartida, la cooperación internacional y la solidaridad.

El Plan de Acción busca reforzar la protección de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas mediante mejoras en los sistemas de identificación, asistencia y recopilación de datos; la modernización tecnológica de los de sistemas de asilo; la implementación de regularización temporal respetuosa del derecho al asilo y la erradicación de la apatridia, respectivamente.

Además, fomenta el acceso a servicios básicos, empleo, documentación personal y actividades inclusivas. Promueve la validación de títulos, la capacitación laboral y la creación de redes de empleabilidad con la participación del sector privado. También promueve programas de reasentamiento, reunificación familiar y retornos seguros, impulsando la integración local en los países receptores y la reintegración en los países de origen, así como la participación activa de las comunidades de acogida en la formulación de políticas públicas.

Para las personas desplazadas en contextos de desastres y efectos adversos del cambio climático, el nuevo Plan de Acción recomienda la implementación de sistemas de alerta temprana, marcos jurídicos sólidos, evacuaciones planificadas y estrategias solidarias que integren la gestión de riesgos y fortalezcan la resiliencia y adaptación de las comunidades.

Finalmente, este nuevo marco regional establece un innovador Mecanismo de Seguimiento y Coordinación para la Implementación del Plan de Acción. Este estará liderado por Chile a lo largo de la próxima década, contará con una vicepresidencia rotativa y el apoyo del ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), en calidad de Secretaría Técnica. Incluye a gobiernos, sociedad civil y otros actores clave para coordinar y monitorear acciones, evitando duplicidades y fomentando la armonización regional. Este enfoque busca garantizar una implementación flexible, eficiente y sostenible del Plan de Acción adoptado hoy.

Considerado una herramienta para implementar el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018 en la América Latina y el Caribe, la Declaración y Plan de Acción de Chile instan a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de los países de acogida y demás actores en la implementación de sus programas y recomendaciones, reforzando aún más el liderazgo regional en la protección y búsqueda de soluciones sostenibles para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas.