El 25 de julio se lanzó en Chile el estudio La participación ciudadana en Chile y el proceso constitucional participativo - Perspectiva de la OCDE sobre los últimos avances en Chile. El informe señala que siendo una de las democracias más estables del continente, Chile destaca por un bajo nivel de participación ciudadana y por la baja confianza de sus ciudadanos en las instituciones públicas. Para reforzar la democracia chilena, se necesita avanzar en dirección a un gobierno abierto, definido por la OCDE como aquellos gobiernos con una cultura de gobernanza centrada en el ciudadano, que utilizan instrumentos y medidas innovadoras para incrementar la transparencia del gobierno y ampliar la participación ciudadana.  En el reporte la OCDE analiza el proceso de consulta ciudadana para definir los grandes principios que deberían regir la redacción de una nueva constitución en Chile y ofrece su perspectiva y sus recomendaciones. Te contamos aquí las principales conclusiones.

• Estado de la participación ciudadana en Chile: lecciones de otras experiencias internacionales y descripción de la situación en Chile

Desde hace ya una década, se está desarrollando el concepto de democracia participativa, el cual busca complementar las otras formas de democracias (representativa y directa). La necesidad de incluir al ciudadano en la formulación de las políticas públicas es reconocida en la agenda internacional de diversas formas, tal como ladeclaración final de la conferencia Rio + 20 en 2012, “The Future We Want”, la cual definió como prerrequisito de un desarrollo sostenible una participación ciudadana amplia.

En Chile, la participación ciudadana es limitada sostiene la OCDE. Tan sólo un 49% del padrón electoral votó en las elecciones generales de 2013, lo que representa una de las tasas más bajas de los países OCDE. En las elecciones municipales de 2016, la tasa de participación fue de 34,9%. El nivel de confianza en las instituciones públicas es también muy bajo y pocos chilenos están pendientes del acontecer nacional.

Desde 2008 se están llevando a cabo importantes esfuerzos a nivel de gobierno para promover la participación ciudadana, con leyes tales como la ley 20.500, la cual establece reglas precisas para la participación ciudadana en políticas públicas y los instructivos presidenciales No.8 de 2008 y No.7 de 2014. Además, nuevas iniciativas han sido implementadas en esta dirección, tales como aquellas coordinadas por la SEGEGOB y la SEGEPRES, o como el establecimiento de concejos comunales de organizaciones de la sociedad civil (COSOC) a nivel de las municipalidades.

El reporte señala que Chile cuenta un marco legal consistente con los estándares de la OCDE para acercar a los ciudadanos a las políticas públicas, pero que existe todavía espacio para mejoras. Así, la OCDE destaca la necesidad de una mayor coordinación entre las diferentes instituciones que rigen el proceso, como un mayor monitoreo y evaluación de las medidas para poder responder mejor a las necesidades de los ciudadanos. Además, reitera recomendaciones en relación con consolidar los esfuerzos existentes para promover la participación pública en el proceso de elaboración de normas, establecer un enfoque más sistemático de la consulta con las partes interesadas antes de promulgar nuevas normativas e implementar una supervisión para verificar y controlar la calidad de estas consultas.

• El proceso de consulta constitucional

En octubre de 2015, la presidenta Bachelet lanzó el proceso constitucional abierto a los ciudadanos el que debería desarrollarse en tres etapas:

• El encuentro, consultas públicas hechas a través de tres niveles administrativos (regional, provincial y local) para servir de base al nuevo proyecto de constitución,

• La deliberación, la redacción de la constitución en sí misma,

• La soberanía, el referéndum popular de aprobación de la constitución.

Actualmente, sólo la primera de estas etapas se encuentra concluida. Cuatro actores claves formaron parte del proceso de consultas: el gobierno a través de la SEGEPRES y la SEGEGOB, las cuales coordinaron el proceso; el Concejo Ciudadano de Observadores (CCO) el cual se encargó de garantizar la transparencia, la apertura y la inclusividad de la consulta; el Comité de Sistematización, cuyos analistas de datos se encargaron de procesar los datos y escribir los informes de cada consulta; y finalmente, los facilitadores territoriales, quienes seleccionados por el Servicio Civil, se dedicaron a aconsejar sobre cómo llevar a cabo los ELAs y conducir las discusiones.

Durante la consulta, los ciudadanos tuvieron que responder a cuatro preguntas centrales sobre los siguientes temas: i) valores y principios, ii) derechos, iii) deberes y responsabilidades, y iv) instituciones. También se dejó espacio para comentarios abiertos. Se organizaron cuatro diferentes mecanismos de consultas. En cada una de estas consultas se debatieron sobre las cuatro preguntas centrales las que fueron acompañadas por una lista de referencia de conceptos constitucionales para ayudar a los ciudadanos a elaborar sus respuestas, además de existir la posibilidad de generar nuevas respuestas o conceptos. Cada grupo consultado debió explicitar si se había llegado a un consenso, a un acuerdo parcial o si no se llegó a un acuerdo. Los mecanismos de consulta fueron los siguientes:

• Consultas Individuales por Internet para todos los chilenos mayores de 14 años. En estas consultas participaron 90.804 ciudadanos.

• Encuentros Locales auto convocados (ELA), los cuales reunían entre 10 y 30 personas y podían estar liderados por un ciudadano o una asociación. En las ELAs participaron 106.412 personas en todo el país.

• Cabildos Provinciales dirigidos por los facilitadores territoriales. Estos cabildos provinciales reunieron a 12.854 personas.

• Cabildos Regionales también conducidos por los facilitadores territoriales reunieron a 8.621 personas en total en las quince regiones.

En total, 218.689 chilenos participaron en el proceso de consulta. Al final del proceso, el Comité de Sistematización se encargó de compilar todos los resultados  (Ver aquí). Algunos de los conceptos priorizados por los ciudadanos que no existen en la constitución fueron los siguientes:

• Vivienda digna

• Igualdad de género

• Estado laico

• Participación ciudadana

• Multiculturalismo

• Lecciones aprendidas

La OCDE examinó el mecanismo utilizado en Chile a partir de sus principios sobre formulación de políticas abiertas e inclusivas en la toma de decisiones y sobre participación de los interesados en la política reguladora. Estos principios sirvieron de marco analítico para evaluar el mecanismo de participación ciudadana en el proceso constituyente en Chile. Según la Organización, el proceso cumplió con el principio de liderazgo y compromiso, dado que todos los niveles de gobierno estuvieron involucrados en la coordinación del proceso. Acerca del principio que recomienda planificar el proceso estratégicamente, también se considera cumplido, no obstante se hacen recomendaciones para futuros procesos similares: dedicar más tiempo a las reuniones locales (ELAs) y asignar más recursos a las campañas de información de modo de alcanzar una audiencia más amplia. También se cumplió con el principio de transparencia, de acuerdo con el cual  "la información gubernamental debe ser completa, objetiva, confiable, pertinente y fácil de encontrar y entender". El reporte califica como notable el esfuerzo realizado para hacer disponible la información general, los pasos del proceso y la forma de participar, así como proporcionar material de orientación y tutoriales en video con ejemplos de cada una de las cuatro modalidades de participación. El proceso también cumplió satisfactoriamente con el principio de rendición de cuentas. Sin embargo, se señala que la consulta se hubiera beneficiado de más comentarios y seguimiento en cada etapa. También, se implementó en esta consulta una activa función de vigilancia sobre el proceso con el Concejo Ciudadano de Observadores. Adicionalmente, se logró un buen nivel de inclusión de todos los individuos en el proceso de ELAs, pero se hubiera podido incluir más a las minorías según la OCDE. Finalmente, también se cumplió con la necesidad de incluir a los ciudadanos desde el principio del proceso.

La OCDE concluye como resultados claves del proceso los siguientes: i)Las partes interesadas del proceso en Chile reconocieron las medidas de transparencia incluidas en el mecanismo de consulta, ii) los ciudadanos de los países de la OCDE exigen constantemente que se les informe sobre la forma en que se tienen en cuenta sus opiniones y el proceso de consulta constitucional chilena es un ejemplo en este sentido, iii) Queda pendiente el desafío de incorporar los aportes recibidos en este proceso de participación ciudadana, y iv) Los encuentros locales auto convocados o ELAs son un ejemplo de  buena práctica con respecto a nivelar el campo de juego en materia de participación ciudadana y promover la inclusión.

Finalmente, de la experiencia chilena y de las otras experiencias de democracia participativa a nivel internacional, como de las nuevas constituciones de Islandia y Túnez o la reforma constitucional en Irlanda, la OCDE emite las siguientes conclusiones:

• “No hay una solución única”, lo que significa que no hay una sola medida para llevar a cabo una reforma constitucional, éstas siempre dependen del contexto social e histórico de cada país.

• Es importante que exista continuidad entre la consulta y la reforma constitucional.

• Se necesitan consenso, transparencia y legitimidad a lo largo del proceso.

• El proceso de construcción de la nueva constitución es un paso importante en dirección de un Chile más abierto y más inclusivo.