Miércoles, 17 de febrero de 2016

Tomando en cuenta la influencia que el dinero puede tener en la política, la OCDE publicó recientemente un reporte denominado “Financiando la Democracia: Financiamiento de partidos políticos y campañas electorales y el riesgo de captura de políticas”.

El reporte desarrolla tres puntos principales:

• Los riesgos asociados al financiamiento de partidos políticos y campañas electorales,
• Las fallas de los modelos regulatorios existentes y su implementación, y
• Los vínculos entre el dinero en la política y los marcos de integridad en el sector público.

El análisis ha producido un marco sobre financiamiento de la democracia para moldear el debate global, proporcionando opciones de políticas y dibujando los riesgos.

El reporte presenta los casos de estudio de Canadá, Chile, Estonia, Francia, Corea, México, Reino Unido, Brasil e India. Los hallazgos en los nueve casos confirmaron la relevancia de un marco y ejemplificaron buenas prácticas que pueden ser aplicadas.

El capítulo referente a Chile fue realizado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) en referencia a la propuesta de reforma discutida en el Congreso, y se enfoca principalmente en: (i) medidas para aumentar el financiamiento público; (ii) asegurar la transparencia en el financiamiento; y (iii) generar sanciones efectivas para las violaciones.

El financiamiento privado de la política es un componente necesario en el proceso democrático, sostiene el reporte, permitiendo expresar el apoyo político así como permitiendo la competencia. Sin embargo, de no estar regulado apropiadamente puede ser utilizado para ejercer influencias indebidas, como por ejemplo cuando empresas que “cobran favores” a políticos electos.

Mientras que áreas como infraestructura y planificación urbana, que implican un alto gasto público, son particularmente vulnerables a la “captura de políticas”, lo cierto es que cualquier proceso de creación de políticas públicas puede verse afectado por poderosos intereses especiales. Las consecuencias pueden ser la adopción de políticas inapropiadas o contrarias al bien público, que previenen el crecimiento inclusivo y disminuyen la confianza en el gobierno.

La asignación del financiamiento público y la regulación del privado siguen requiriendo especial atención para asegurar la verdadera competencia entre todos los actores políticos. Uno de los principales problemas ha sido el financiamiento a través de terceros en sus diversas formas, el cual ha resultado difícil de definir y regular. Otro fenómeno que ha dificultado la regulación del financiamiento privado, generalmente vinculado con el anterior, es la globalización.

Muchas empresas extranjeras e individuos de clase alta están íntimamente relacionados con empresas nacionales, difuminando las fronteras. Las limitaciones al financiamiento extranjero no han resultado suficientes, por lo que la revelación de la identidad de los donantes ha resultado fundamental para disuadir la influencia de los intereses privados. En este aspecto 50% de los miembros de la OCDE prohíben las donaciones anónimas a partidos políticos y 38% a partir de un límite mínimo. Sin embargo, para que la información pueda ser utilizada para el escrutinio público por organizaciones de la sociedad civil y la prensa, ésta debe ser clara y accesible, cosa que solo ha sido lograda por pocos países.

Aun cuando en la mayoría de los países existen regulaciones sobre financiamiento de partidos políticos y elecciones, en caso que las instituciones fiscalizadoras no posean la independencia, recursos o autoridad legal, las regulaciones no pueden ser aplicadas. Solamente el 29% de los países OCDE tiene un cuerpo independiente de manejo electoral. A pesar que las estadísticas prueban los efectos disuasivos de las sanciones, los países luchan para encontrar el balance correcto entre proporcionalidad y disuasión.

Las regulaciones de financiamiento político suelen ser ineficaces si existen aisladas. Deben formar parte de un marco de políticas de integridad que incluya el manejo de los conflictos de interés y grupos de presión (lobbying). El aumentar las regulaciones sobre los grupos de presión y actividades relacionadas evita el re-direccionamiento de los recursos a dichas actividades. Sin embargo, la incorporación de varias políticas de integración en un marco amplio para efectivamente disminuir los riesgos de financiamiento de partidos y elecciones resulta retadora.

Menos de la mitad de los países OCDE han regulado los estándares de los grupos de presión. Si bien es cierto que la mayoría posee políticas de revelación de intereses privados por parte de funcionarios públicos, la verificación y monitoreo de los formularios de revelación no son necesariamente realizados. Solo 32% de los países OCDE que respondieron la encuesta revisan la veracidad de la información provista, mientras que 63% solo revisan la tasa de respuesta al formulario.

La mayoría de los países aun luchan para monitorear el rendimiento de las medidas de sus políticas y existe un déficit empírico de análisis y comparación de las mismas en distintos contextos. La OCDE está comprometida a expandir los datos comparativos y desarrollar indicadores y puntos de referencia sobre el financiamiento de la democracia, la integridad en la creación de las políticas públicas y  cómo evitar su captura, con la finalidad de monitorear y mejorar el desempeño de las políticas actuales. Abordar problemas relacionados con el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales es clave para restaurar la confianza en el gobierno y formar una base que permita el crecimiento inclusivo.

Lea el reporte completo aquí.