Lanzamiento de la publicación OCDE "Fit Mind, Fit Job: From Evidence to Practice in Mental Health and Work"
4 de marzo de 2015
Esta publicación corresponde al segundo reporte de la OCDE en materia de salud mental y trabajo, tras Sick on the job? Myths and realities about Mental Health and Work, publicado en 2012. En esta oportunidad se estudian los hallazgos de los reviews llevados a cabo en los últimos cuatro años en nueve países miembros, con los cuales se sintetiza un marco apropiado de política para ayudar a guiar un proceso de reforma en la materia.
La evidencia en torno a este tópico muestra que las enfermedades de tipo mental producen costos importantes para los individuos y la economía. Además de los inconvenientes y sufrimiento individual, las personas con problemas de salud mental presentan una mayor probabilidad de desempleo, menores salarios y mayor riesgo de pobreza. Por su parte, los empleadores se enfrentan importantes pérdidas de productividad y tasas de ausencia laboral. La economía en su conjunto, en tanto, debe elevar sus gastos en programas sociales y cuidado de salud. Sin embargo, a pesar de estos hechos, existen bajos niveles de tratamiento para este tipo de padecimientos y en ninguno de los países analizados existe una política integral entre los diferentes niveles de programas públicos que aborde de manera exitosa los problemas en el trabajo relacionados con la salud mental.
El reporte concluye que estos desafíos requieren de una transformación en la manera de pensar la política pública, en particular en relación a cuándo y qué tipo de intervención realizar y quién debe llevarla cabo. Así, se proponen los elementos clave para adoptar una política integral y una selección de ejemplos concretos de política en distintas áreas de intervención que puedan promover una buena salud mental y mejores resultados en el trabajo. Sobre el cuándo intervenir, el reporte subraya que a menudo el tratamiento comienza muy tarde, y que es preferible tomar acciones en el colegio o en lugar de trabajo para obtener un impacto más duradero y evitar efectivamente que el paciente abandone los estudios o el mercado laboral. En relación al tipo de intervención, la publicación remarca la necesidad de proveer un marco integral de servicios de respuesta que agrupe políticas de salud, empleo y educación en su conjunto. Sobre el quién debe intervenir, el estudio señala que son muchos actores los llamados a detectar y enfrentar este tipo de problemas: profesores, jefes, médicos generales o asistentes sociales están en contacto directo con estudiantes, trabajadores o pacientes y, por lo tanto, en una posición privilegiada para identificar problemas incipientes o afrontar los impactos e implicancias derivadas de éstos y, al mismo tiempo, hacer partícipes a otros profesionales pertinentes. Finalmente, en cuanto a los elementos claves para una política universal, el reporte señala que es necesario proveer de mejores herramientas a los actores de primera línea, especialmente aquellos fuera del ámbito de la salud mental, tanto públicos como privados, y definir sus responsabilidades; proveer incentivos financieros para asegurar que los actores asuman estas responsabilidades, ayudando a detectar y enfrentar problemas de salud mental y, finalmente, implementar la política de manera rigurosa, con la ayuda de manuales y regulaciones ya existentes para doctores, empleadores y otros actores, junto con un monitoreo efectivo por parte de las autoridades.
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