La tecnología digital puede llegar a tener un impacto sustancial en la capacidad gubernamental para diseñar e implementar políticas de manera efectiva, transparente y responsable. Esta tecnología, no sólo podría mejorar la productividad de los funcionarios públicos, sino que también puede cambiar significativamente la forma en la que el gobierno planifica y presta servicios, adaptándose mejor a las necesidades de la ciudadanía, siendo guiado por el usuario, por ejemplo, a través de un diseño ad-hoc a las necesidades de los usuarios

A través de una mejor gestión y procesamiento de la información, la tecnología digital puede ayudar a convertir los datos en oportunidades y así generar conocimiento para desarrollar políticas basadas en la evidencia. Además, permite un monitoreo efectivo de lo implementado para aumentar las acciones que sí dieron resultados.

Sin embargo, aprovechar todas las ventajas de la tecnología digital requiere de una sólida estructura de gobierno para poder impulsar un enfoque coherente dentro del sector público. Requiere de una coordinación eficaz para evitar la duplicación de esfuerzos y lograr un cambio sistémico para elaborar un gobierno que sea digital en su diseño.

En este sentido señala el reporte, Chile debería contar con una institución responsable del gobierno digital con un mandato claro, además de los instrumentos políticos. La institución debería contar con las competencias, los recursos y los mecanismos correspondientes necesarios para tomar decisiones relativas a Información y Comunicación Tecnológica (TIC), sobre las iniciativas e inversiones en el sector público y que éstas estén en conexión con los objetivos estratégicos del gobierno para la coordinación de los diferentes actores.

En el contexto actual, es la Unidad de Gobierno Digital y Modernización del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia que se encuentra a cargo de liderar la digitalización del gobierno y mejorar la gestión de datos e información para promover la transformación digital del sector público. Sin embargo, las condiciones actuales de esta Unidad no son suficientes para llevar a cabo esta gran tarea.

Teniendo en cuenta estos hechos, la publicación OCDE recomienda dos alternativas para ayudar al gobierno de Chile a mejorar sus objetivos a través de un fortalecimiento del marco de gobernanza del gobierno digital:

1) La primera alternativa consiste en la creación de una agencia dedicada a la digitalización del sector público que dependa de un ministerio;

2) La otra opción consiste en crear una Sub-Secretaría de Gobierno Digital en un mismo ministerio.

En el siguiente gráfico extraído del reporte OCDE muestra los tipos de instituciones seleccionadas por los países miembros para estos efectos.

La Agencia tiende a tener una mayor independencia del ciclo político y por lo tanto logra una mayor continuidad, además de facilitar la coordinación. Sin embargo, el diseño institucional debería equilibrar la autonomía operativa junto con la necesidad de un apoyo fuerte y claro y de un compromiso político, así como de la rendición de cuentas. Asimismo, las agencias deben tener un equilibrio entre poderes regulatorios y como proveedor de servicios, con el fin de evitar abusos vinculados a los conflictos de intereses.

La Sub-Secretaría se caracteriza por un establecimiento más flexible de la autoridad, con marcos legales y reglamentarios más sencillos y cuenta con un apoyo político inequívoco. Sin embargo, dicha autoridad podría ser más vulnerable a los ciclos políticos. Esta situación podría socavar la solidez y estabilidad de la autoridad y aumentar la incertidumbre de las políticas de gobierno digital.

Dicho esto, la aplicación de alguna de estas alternativas tendrá que ser gradual, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias e institucionales de crecimiento que enfrenta Chile.

Ambas alternativas sugieren que las bases legales actuales, los instrumentos políticos y las áreas de responsabilidad deben fortalecerse y ampliarse, desembocando en una mayor estabilidad institucional. Además, puede ayudar a generar un entorno empresarial dentro del sector público adecuado para aprovechar las oportunidades que presenta el nuevo mundo digital y ser más explicativo en la entrega de resultados.

La nueva autoridad de gobierno digital debería:

- Ser responsable de diseñar una estrategia específica de gobierno digital en conexión con la agenda digital nacional general para Chile.

- Tener facultades regulatorias en áreas de responsabilidad claves, por ejemplo, el establecimiento de normas para el uso de plataformas tecnológicas y datos, así como para el diseño de servicios digitales y de entrega.

- Ser responsable de proyectos TIC que tienen un alcance y un impacto para todo el gobierno, por ejemplo la identificación digital que da acceso a los servicios públicos o a un portal ciudadano..

- Establecer herramientas de gobernanza para el proyecto TIC que apoye de forma coherente un proyecto de diseño, monitoreo y evaluación para todo el sector público en conexión con los objetivos del gobierno; evitar la duplicación de esfuerzos; y promover la eficiencia de las inversiones en TIC y la rendición de cuentas de las acciones.

- Administrar un presupuesto exclusivo para gobierno digital, proporcionar apoyo financiero a los proyectos estratégicos que estén en conexión con la estrategia del gobierno digital, las normas y los objetivos del gobierno.

- Desarrollar, en colaboración con las partes interesadas, una estrategia global de adquisición de TIC para el sector público. Esto permitiría que el gobierno se beneficie del talento en innovación y tecnología disponibles fuera del sector público, proporcionando un terreno de juego que garantice niveles deseables de coherencia y eficiencia en el sector público.

- Desarrollar una estrategia para la prestación de servicios compartidos de TIC para ayudar al gobierno a beneficiarse de las economías de escala en infraestructura y servicios básicos de TIC.

- Desarrollar una estrategia basada en datos para el sector público, es decir, que proporcione orientación sencilla para una sólida gestión de datos e información del gobierno para mejorar la estandarización, el uso, el flujo y el intercambio de datos del sector público dentro y fuera de los niveles de gobierno para satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos.

En el siguiente gráfico extraído del reporte OCDE se indica las áreas políticas que funcionan bajo la estrategia nacional digital de los países de la OCDE. Gráfico extraído de la publicación.